Son muy poderosos los que no quieren que allí se protejan los mejores suelos agropecuarios del país y se evite la contaminación de las aguas lluvias, de las freáticas y de los acuíferos que se han acumulado en ese sistema durante siglos. En días pasados, cuando se estaban sembrando los primeros árboles, súbitamente se estancó el proceso de conciliación con el cual se iban a obtener los dineros necesarios para comprar la mitad de los predios privados que existen en esa reserva, objetivo en el cual coinciden el Distrito, la CAR, el Acueducto y algunos propietarios.
La ofensiva de las personas que quieren evitar que se concilien estos intereses fue bien planeada. Primero se sugirió que el acuerdo entre la CAR y la Empresa de Acueducto no cumplía los procedimientos legales y que era mejor que no conciliaran porque era peligroso que esos dineros se utilizaran para enriquecer a alguien. No se dijeron nombres, no se recordó que hay procedimientos transparentes para no pagar por encima de los límites legales, ni siquiera se respetó la dignidad de los propietarios que quieren vender y la solvencia de los funcionarios a quienes les corresponde efectuar las transacciones; bastó sembrar la duda en el ambiente. El segundo paso consistió en insistir en que el Acueducto no estaba obligado a pagar esos dineros a la CAR y el tercero en proponer que esos dineros se usaran para otros fines. Todo concluyó con la presentación de la Procuraduría en el recinto en donde se iba a firmar la conciliación, su intervención en el proceso y su petición de pruebas para efectuar una investigación exhaustiva.
Es entonces necesario explicar nuevamente el porqué de la reserva aprobada por el Consejo Directivo de la CAR 10 años después de que Minambiente le ordenara hacerlo. La Procuraduría sabe que el fundamento legal está en el artículo 61 de la Ley 99 de 993, que dice así: “Declarase la Sabana de Bogotá, sus aguas, páramos, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”. Conoce también la Procuraduría los estudios de la CAR, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Universidad Nacional de Colombia en donde se proporcionan detalles acerca de la importancia de proteger el borde norte como patrimonio ecológico del Distrito y parte fundamental de su estructura ecológica. Esperamos que actúe en consecuencia.
*Julio Carrizosa Umaña
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